Subtes: la huelga como extorsión
Una vez más, los usuarios del transporte público quedaron el martes último reducidos a la condición de rehenes de una áspera disputa sindical que, más allá de la legitimidad que puedan tener algunos de…
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Resumen
- La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) respondió con la paralización completa del servicio y condicionó su restablecimiento a la liberación de los…
- Así, una controversia que debía resolverse por los cauces institucionales terminó trasladándose, sin consideración alguna, a quienes dependen diariamente del subte para trabajar, estudiar o cumplir…
- Pero una cosa muy distinta es atribuirse la facultad de cercenar los derechos de los demás.
- La libertad sindical no otorga patente de corso ni posiciona a una organización gremial por encima de la ley.
El paro de subtes y del Premetro llevado a cabo durante más de seis horas afectó a cientos de miles de usuarios, volviendo a exponer una práctica tan recurrente como perjudicial: la de utilizar a parte de la sociedad como instrumento de presión para imponer intereses sectoriales.
El detonante fue la detención de los dirigentes gremiales Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, luego de que se abrieran las puertas de emergencia para permitir el ingreso gratuito de pasajeros.
Nadie desconoce el derecho de los trabajadores.
Entre 300.000 y 400.000 pasajeros quedaron afectados anteayer por la interrupción de un servicio que, en una jornada hábil habitual, utilizan alrededor de 800.000 personas. Para muchos de los usuarios, no existía una alternativa razonable para llegar a cumplir con sus compromisos.
La pérdida de tiempo, de dinero y oportunidades, sumada a la angustia e impotencia frente a la desidia sindical recayeron sobre individuos ajenos a la disputa, sin posibilidad de intervenir en ella ni de defenderse de sus consecuencias.
Igualmente grave es que la medida se adoptara en abierta contradicción a las disposiciones vigentes destinadas precisamente a evitar que se coarte la libertad constitucional de circular y transitar libremente.
El gobierno porteño había ya declarado a los servicios públicos esenciales como una actividad de suma importancia, por lo que estableció oportunamente la obligación de mantener una prestación mínima del 50% de ellos durante las huelgas.
Fuente original: La Nación
Resumen elaborado por iNFOLINK News a partir de información publicada originalmente por www.lanacion.com.ar.