La inflación, problema político

En septiembre, la inflación acumuló en España una subida del 4,9% respecto a hace un año, empujada por el encarecimiento de la energía como consecuencia de los conflictos armados tanto en Irán como en Ucrania.

En lo que va de año los combustibles se han disparado más de un 21% y el anunciado veto de Estados Unidos a las ventas de diésel no va a hacer sino agravar la crisis a esta orilla del Atlántico en los próximos meses.

Fue Milton Friedman, padre del neoliberalismo de la Escuela de Chicago, quien desarrolló la idea de que la inflación es un tributo invisible, del que nadie se responsabiliza pero que todos los ciudadanos acaban pagando, especialmente las capas menos favorecidas de la sociedad.

Con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación, el gobierno español acaba de renovar el denominado escudo social anticrisis, que contiene rebajas fiscales a la gasolina y al diésel, y amortigua la subida de la tarifa del gas y de la bombona de butano.

Sin duda es un alivio para los hogares a las puertas del invierno y la temporada de calefacciones, así como para los sectores que más dependen del combustible para su actividad, como la agricultura y el transporte.

Pero cuando una política deja de ser temporal hay que preguntarse por la factura: en en este caso ya asciende a 12.000 millones de euros, lo que reduce el margen fiscal del gobierno ante la ausencia de presupuestos en toda la legislatura.

Para las autoridades monetarias el temor es que las subidas de precios se extiendan a servicios y salarios, lo que en el manual de los bancos centrales se traduciría en nuevas subidas de los tipos de interés.