Entes de control: la arquitectura del silencio
La causa conocida como Cuadernos de las coimas, que hoy transita su juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 7, dejó planteada una pregunta que excede largamente la suerte procesal de cada imputado: ¿cómo…
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Resumen
- La maniobra salió a la luz por las anotaciones de un chofer y por una investigación periodística.
- Ninguna auditoría, ninguna sindicatura, ninguna alerta financiera la detectó antes.
- La explicación habitual habla de fallas, de distracciones, de funcionarios que no cumplieron con su deber.
- Es una explicación cómoda, porque supone que el sistema estaba bien concebido y que solo hubo personas que lo traicionaron.
La evidencia sugiere otra cosa. Cuando el mismo resultado se repite con gobiernos de distinto signo, durante décadas y en todos los niveles, el problema deja de ser la ejecución. Es el diseño. La Argentina no tiene controles que fallan: tiene una arquitectura pensada para que el control nunca llegue. Basta repasar quién vigila a quién.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen), responsable del control interno del Poder Ejecutivo, está encabezada por un funcionario que designa y remueve el propio presidente. Las unidades de auditoría interna de cada ministerio y organismo dependen jerárquicamente de la autoridad cuyos actos deben revisar.
La Oficina Anticorrupción (OA), que recibe las declaraciones juradas de los funcionarios y puede querellar en causas de esa materia, es un apéndice del Ejecutivo. Su titular llega y se va por decisión del mismo gobierno al que debería investigar. El control externo no luce mejor.
La reforma constitucional de 1994 dio jerarquía a la Auditoría General de la Nación y dispuso que la presidiera un representante del principal partido de oposición. Más de tres décadas después, el Congreso nunca dictó la ley que debe reglamentarla, y el organismo sigue funcionando con normas anteriores a la propia reforma.
Sus auditores se reparten entre los bloques parlamentarios, sus informes llegan con años de atraso y las comisiones que deberían tomarlos como insumo rara vez les prestan atención. La Cuenta de Inversión, el balance con el cual el Ejecutivo rinde informes sobre del gasto, se aprueba -cuando finalmente se logra que ello suceda- con demoras que vacían de sentido el ejercicio.
Los órganos que podrían romper esa lógica están, sencillamente, vacíos o en suspenso. La Defensoría del Pueblo de la Nación, por ejemplo, lleva más de 15 años sin titular. No hace falta derogar un control cuando alcanza con no designar a quien debe ejercerlo.
Entretanto, la Procuración General, cabeza de los fiscales, es ejercida por un funcionario que, al margen de su calidad personal, es interino desde diciembre de 2017. La información sobre una contratación pública está repartida entre el organismo que licita, el que paga, el ente recaudador, el regulador bancario, la unidad que analiza operaciones sospechosas y el registro donde constan los accionistas de la empresa adjudicataria.
Fuente original: La Nación
Resumen elaborado por iNFOLINK News a partir de información publicada originalmente por www.lanacion.com.ar.