Vacunatorio VIP: cuando el poder político decide a quién salvar
La causa por el denominado Vacunatorio VIP ingresó en una nueva etapa con el comienzo de las indagatorias el 2 del corriente mes.
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Resumen
- Se trata de un avance necesario, aunque lamentablemente tardío, en una investigación que remite a uno de los episodios más deplorables de la gestión de Alberto…
- La primera convocada a declarar fue la médica Lucía Antolini, quien negó las acusaciones.
- Su testimonio abrió la serie de audiencias que se extenderán hasta el 9 de diciembre próximo en los tribunales de Comodoro Py.
- Lo que la Justicia deberá esclarecer no es un asunto menor.
Durante la pandemia de coronavirus, cuando las vacunas contra el Covid-19 eran un bien tan preciado como escaso y su procedencia digitada mientras toda la población atravesaba una emergencia sanitaria devastadora, hubo personas que accedieron a ellas por fuera de los criterios de prioridad establecidos.
La cercanía con el poder político se convirtió así en una credencial más valiosa que la vulnerabilidad médica o la exposición directa al virus.
La investigación del fiscal Eduardo Taiano apunta a determinar si quienes recibieron aquellas dosis tuvieron participación necesaria en el delito de peculado, es decir, en el desvío o la disposición indebida de bienes que se encuentran bajo la administración de un funcionario público.
En este caso, la acusación sostiene que los beneficiarios contribuyeron a consumar los hechos al aceptar vacunas, pese a saber que no integraban los grupos habilitados para recibirlas en forma prioritaria. Según el fiscal, esas intervenciones favorecieron el agotamiento de un recurso escaso y privaron de su acceso a personas que tenían una urgencia legítima.
La Justicia deberá establecer las responsabilidades penales, pero la dimensión ética y política del episodio ya excede ampliamente el resultado de las indagatorias.
Mientras médicos, enfermeros y trabajadores esenciales arriesgaban su vida, mientras adultos mayores y pacientes con enfermedades preexistentes esperaban un turno para vacunarse y mientras miles de familias sufrían pérdidas irreparables -producto de la falta de ese insumo clave-, hubo quienes encontraron un vil atajo para obtener aquello que debía distribuirse con criterios sanitarios.
De ningún modo puede aceptarse -como pretenden ser justificados los responsables de semejante despropósito- que lo ocurrido haya sido una mera transgresión burocrática. Configura un inadmisible quiebre de la igualdad ante la ley frente a una tragedia humanitaria colectiva.
Fuente original: La Nación
Resumen elaborado por iNFOLINK News a partir de información publicada originalmente por www.lanacion.com.ar.