Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, será juzgada por presunta corrupción

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta en abril de 2024, ordenó este sábado la confiscación del pasaporte y la comparecencia quincenal ante la justicia de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La mujer es investigada por posible tráfico de influencias y otros delitos. Desde el oficialista Partido Socialista (PSOE) denuncian una persecución "judicial y política".

Begoña Gómez, la pareja sentimental del presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular por los posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de fondos públicos, según lo resuelto el sábado 20 de junio por el magistrado Juan Carlos Peinado.

El juez ordenó la retirada del pasaporte a Gómez, le prohibió salir del país y le impuso una comparecencia quincenal en el juzgado, al considerar que "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia".

La petición de medidas cautelares fue realizada por las acusaciones populares que encabeza la organización ultraconservadora Hazte Oír, que ha pedido 24 años de prisión para la acusada. Tanto la Fiscalía como los abogados de la defensa se opusieron previamente a estas acciones preventivas, con el argumento reiterado de que no hay motivos para continuar con esa causa judicial, que han rebatido desde la instrucción.

Fuentes cercanas a Gómez, citadas por el periódico 'El País', adelantaron que apelaría la imposición de las cautelares, incluida la retención de su pasaporte. La apertura del juicio oral no puede recurrirse ante la Audiencia de Madrid, según recordó el juez en la resolución de este sábado.

Peinado también argumentó la retirada del pasaporte a Gómez al sostener que los agentes de las fuerzas de seguridad que fungen como escoltas de la acusada podrían colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar" una "fuga" de la acusada, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos".

Esta declaración despertó la indignación del mayor sindicato policial, JUPOL, quien definió la hipótesis como "una auténtica barbaridad" y pidió "una rectificación", en un comunicado. Otros tres sindicatos policiales también condenaron las palabras del juez.