Del decomiso a la reventa: la nueva «piñata» de confiscaciones en Nicaragua

Lo que comenzó como una política de confiscación contra opositores, periodistas y defensores desterrados por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entró en una nueva etapa en Nicaragua.

Propiedades de disidentes están siendo vendidas, transferidas a terceros o convertidas en negocios privados vinculados al oficialismo, en un proceso que, según analistas y víctimas, busca dificultar cualquier futura restitución de esos bienes y consolidar el despojo bajo una apariencia de legalidad.  Piñata.

“¿De qué está hablando?”, fue el primer pensamiento que le vino a la doctora Anely Pérez durante el juicio en su contra en Nicaragua.

La mujer escuchaba al fiscal pedir una pena de 20 años de prisión y despojarla de todos los “bienes directos e indirectos” por los supuestos delitos de “traición a la patria” y “ciberdelitos” contra el Estado nicaragüense.  La médica y figura de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fue detenida en marzo de 2023 en su vivienda.

Días después, sin previo aviso, la subieron a un vehículo custodiado y la llevaron al aeropuerto junto a su familia, a quienes solo permitieron empacar un bolso de mano. No los dejaron comunicarse con nadie hasta que el avión despegó.

Fueron desterrados del país, al igual que más de 300 opositores desde 2018.  La casa, una herencia familiar perteneciente al esposo de la doctora, permanece en un barrio residencial de Managua, rodeada de árboles y jardines. Pero desde aquel día en que fueron desterrados a la fuerza dejó de pertenecer a su familia.

Desde el exilio, la médica sigue los cambios que algunas personas le informan. En mayo de este año, tres años después del despojo, la fachada fue pintada, el patio remodelado y nuevas voces comenzaron a escucharse detrás de los muros. No sabe quién ocupa ahora la vivienda ni tiene forma de averiguarlo. “Esa casa es robada y mi esposo no tenía nada que ver.