Barra Mexicana de Abogados advierte riesgos por reforma sobre injerencia extranjera

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) advirtió este 1 de junio que la reforma constitucional que incorpora la “injerencia extranjera” como causal de nulidad electoral compromete la certeza jurídica y abre un margen de incertidumbre sobre la validez de las elecciones, según un comunicado de la organización firmado por su presidenta.

Para la organización de abogados, el problema no está en la defensa de la soberanía nacional, sino en que una norma de ese alcance exige definiciones estrictas, objetivas y verificables.

En un comunicado en sus redes sociales, la BMA sostuvo en su posicionamiento que la posibilidad de impugnar una elección con conceptos amplios o indeterminados podría derivar en litigios prolongados, conflictos postelectorales y una disminución de la confianza ciudadana en los resultados.

Ese efecto, advirtió la organización, podría afectar la estabilidad política del país si la legislación secundaria no delimita con precisión qué conductas constituyen intervención o injerencia extranjera.

La BMA cuestiona el alcance de la nueva causal de nulidad De acuerdo con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la protección de la soberanía nacional y la independencia de los procesos electorales son objetivos legítimos y necesarios en cualquier democracia. En su comunicado, la agrupación señaló que ningún Estado puede permanecer indiferente ante intentos externos de influir de manera ilícita en la voluntad popular.

Aun con ese reconocimiento, la BMA afirmó que las reglas sobre validez electoral deben cumplir con los estándares más altos de certeza, legalidad, objetividad y seguridad jurídica. La organización consideró que la nueva causal de nulidad plantea interrogantes sobre su alcance, su definición y su operatividad. El señalamiento del organismo jurídico se concentra en los términos “intervención” e “injerencia extranjera”.

Según la BMA, esos conceptos pueden abarcar conductas de naturaleza muy diversa y de carácter ambiguo, lo que vuelve incierta su aplicación en controversias electorales.