Poder Judicial de Costa Rica advierte que bloqueo de casi USD 65.5 millones pondría en riesgo operaciones, ciberseguridad y acceso a la justicia

El Poder Judicial de Costa Rica advirtió que una parte sustancial de su presupuesto para 2027 quedará condicionada a una serie de trámites y autorizaciones que, según la institución, podrían tardar meses y comprometer la ejecución efectiva de recursos destinados a áreas sensibles como investigación criminal, ciberseguridad, conectividad, infraestructura tecnológica y atención de usuarios en zonas periféricas.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027, presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa el 1.º de septiembre, asigna al Poder Judicial un total de ₡530,973.2 millones (aproximadamente USD 1,159.3 millones). Sin embargo, de ese monto, ₡29,843.8 millones (aproximadamente USD 65.2 millones) quedarían sujetos al cumplimiento de requisitos incluidos en cuatro normas de ejecución presupuestaria.

El principal cuestionamiento de la institución no está dirigido a la existencia de controles, sino al mecanismo diseñado para liberar esos fondos.

Según el Poder Judicial, el procedimiento no establece un plazo cierto para que los recursos queden disponibles, lo que introduce un nivel de incertidumbre que podría dificultar la programación de compras, contratos, servicios y otras obligaciones que deben ejecutarse desde los primeros meses del año.

Entre los requisitos señalados figuran la presentación de estados financieros auditados, certificaciones de la Contraloría General de la República, conocimiento y aprobación por parte de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, aval del Plenario Legislativo y, finalmente, una orden al Ministerio de Hacienda para desbloquear los recursos.

La institución sostiene que, aun después de cumplir todas esas etapas, el proceso legislativo podría tardar un periodo similar al de un presupuesto extraordinario, de hasta 93 días naturales, sin contar el tiempo necesario para completar los pasos previos.

“No podemos adquirir compromisos sin tener certeza de los recursos” La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Romero Jenkins, explicó que uno de los mayores problemas radica en que muchas obligaciones institucionales deben planificarse con anticipación. “Hay que entender la responsabilidad institucional desde un enfoque contractual.