Franja aguacatera de Michoacán: Profepa desmantela centro forestal clandestino en San Miguel del Monte

Profepa desmanteló un centro forestal clandestino en San Miguel del Monte, en la franja aguacatera de Michoacán, y aseguró precautoriamente más de 360 metros cúbicos de madera de pino y oyamel, además de maquinaria de aserrío, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Hace unas semanas, el gobierno de Estados Unidos reactivó la exportación de aguacate michoacano, tras tres días de suspensión y negociaciones bilaterales que permitieron habilitar el 75% de los empaques del estado —equivalentes al 85% del volumen exportado—; sin embargo, mantiene hasta el día de hoy la alerta de seguridad en Nivel 4, emitida el 5 de agosto de 2026.

Es en ese mismo territorio donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó, entre el 11 y el 14 de agosto, cinco inspecciones en Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT) en Santa Clara del Cobre y San Miguel del Monte, municipios de Salvador Escalante y Morelia.

Profepa asegura más de 360 metros cúbicos de madera en cinco inspecciones Las visitas tuvieron como objetivo verificar que los establecimientos cumplieran con la legislación ambiental y acreditar la procedencia legal de las materias primas forestales.

Las irregularidades detectadas derivaron en los siguientes aseguramientos precautorios: En dos de los centros inspeccionados, el personal de la Profepa constató que los establecimientos no exhibieron el Libro de Registro de Entradas y Salidas de materias primas y productos forestales maderables al momento de la diligencia.

Ese documento es la herramienta que permite verificar la trazabilidad de los productos forestales, controlar inventarios y acreditar la procedencia legal de la madera que ingresa, permanece y sale de los CAT, conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El centro de San Miguel del Monte operaba sin cumplir una resolución administrativa previa La acción más contundente ocurrió en San Miguel del Monte, donde la Profepa desmanteló y deshabilitó un CAT en cumplimiento de una resolución administrativa derivada de un procedimiento instaurado previamente por la propia procuraduría. El sitio operaba al margen de esa resolución.