Asamblea de la dictadura en Nicaragua aprobará en septiembre reforma electoral que excluirá a opositores en el exterior

La dictadura de Nicaragua, mediante la Asamblea Nacional, prevé aprobar en septiembre en primera legislatura una reforma parcial a la Constitución para excluir de las elecciones a los opositores desnacionalizados y considerados “traidores a la patria”. La iniciativa, impulsada por Rosario Murillo, ha generado rechazo internacional y ha reavivado la preocupación por la situación democrática del país, según informó la agencia de noticias EFE.

El Parlamento, de mayoría sandinista y presidido por Gustavo Porras, ya inició el proceso de consultas con distintos sectores e instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional; todas estas entidades operan bajo coordinación del régimen, ya que el oficialismo mantiene el control del aparato estatal desde hace más de una década.

La reforma constitucional propuesta busca impedir la participación electoral de quienes fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense y calificados oficialmente como “traidores a la patria”. Esta medida se produce tras la declaración pública de Ortega durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, donde afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones”.

La declaración fue interpretada como una amenaza al esquema democrático. En el mismo acto, Ortega, de 80 años, sostuvo que el objetivo es evitar que la oposición intente acceder al poder a través de comicios. “No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró el presidente. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar.

Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, que incluso retiró a su embajador, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, expresaron preocupación o rechazo ante las declaraciones de Ortega y la iniciativa de reforma.

Estos pronunciamientos reflejan el aislamiento del régimen nicaragüense frente a la comunidad internacional, destaca EFE. Durante la última semana, el presidente del Parlamento, Porras, matizó las palabras de Ortega y aseguró que sí se celebrarán elecciones bajo un nuevo marco constitucional. El objetivo, según explicó a medios oficiales, es blindar los comicios ante supuesta injerencia extranjera y excluir a los opositores calificados como “traidores”.

Desde 2007, Ortega se ha mantenido en el poder en medio de acusaciones de fraude electoral y persecución política. La actual propuesta legislativa también contempla declarar “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección presidencial, lo que consolidaría el poder del mandatario y su círculo cercano.