“Una persona que muera es nuestra responsabilidad”: los explosivos chats entre dos ex funcionarias por el fentanilo contaminado

Pocas veces en una causa penal los presuntos involucrados en graves delitos, en este caso contra la salud pública —funcionarios y empresarios farmacéuticos— dejan por escrito, en audios de voz o mensajes de WhatsApp, una operatoria que la fiscalía califica con tres expresiones precisas: “maridaje”, “manto de cobertura estatal” y “cobertura estatal a los laboratorios” que fabricaron y vendieron el fentanilo adulterado vinculado con la muerte de 90 pacientes y que dejó secuelas en otros 41.

La presunta complicidad en lo que el propio dictamen llama “la trama sanitaria trágica” queda expuesta, entre muchos otros intercambios, en un mensaje que una funcionaria -sin identificar- del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) le escribió a la entonces directora de ese organismo, Gabriela Mantecón Fumado, cuando los productos elaborados en Laboratorios Ramallo S. A.

y distribuidos por HLB Pharma, propiedad de Ariel García, ya circulaban en hospitales de todo el país:

: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad.” Gabriela: “Es un montón de guita que está en la calle.

Sí lo sé.” Las dos ex funcionarias imputadas en la causa son Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del INAME. Esta última, subordinada de la primera.

Ambas fueron detenidas y luego liberadas bajo el pago de una fianza de 75 millones de pesos cada una y la prohibición de salir del país. En los próximos días, el juez Ernesto Kreplak deberá resolver su situación procesal.

En caso de ser procesadas, la expectativa de pena por los presuntos delitos por los que se las indagó es de 10 a 25 años de prisión.

El dictamen firmado por la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta y Sergio Leonardo Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que sustenta esos cargos, se apoya en un universo de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y audios extraídos de los teléfonos celulares secuestrados a lo largo de la investigación.