Jujuy: condenaron al ex intendente de Tilcara por librar 46 cheques sin fondos

El Poder Judicial de Jujuy condenó este 19 de agosto al ex intendente de Tilcara Ricardo Romero y al ex tesorero Juan José Ortega por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa por el libramiento de cheques sin respaldo que involucró 35 millones de pesos del erario municipal y que se resolvió mediante un juicio abreviado tras el reconocimiento de responsabilidad de ambos acusados.

Según informó el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, la maniobra incluyó 46 cheques sin fondos emitidos entre enero y febrero de 2018. De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación, esos instrumentos estaban destinados a pagos vinculados con la organización del Enero Tilcareño y alcanzaron a productores, músicos y otros proveedores.

Romero recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Ortega fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y a la misma inhabilitación perpetua para la función pública.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de Juicio integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, María Margarita Nallar y Máximo Alejandro Gloss, con asistencia del actuario Ricardo Grisetti. El tribunal homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Diego Funes y los imputados, asistidos por sus defensores, con opinión favorable de las víctimas representadas por querellantes particulares.

Los cuatro hechos se concentraron en menos de un mes Según la requisitoria fiscal citada por el Poder Judicial, los cuatro hechos de administración fraudulenta ocurrieron cuando Romero era intendente de Tilcara y Ortega se desempeñaba como tesorero municipal.

El primero fue el 11 de enero de 2018, cuando ambos libraron cuatro cheques a favor de Adolfo Enrique Pedroza por 2.500.000 pesos, sin un acto jurídico válido que justificara la emisión y sabiendo que no había fondos para cubrirlos.

Ese mismo día, siempre según la acusación, Romero y Pedroza firmaron un acuerdo que establecía que los cheques se emitían en garantía, que no podían presentarse al cobro y que debían ser restituidos antes del vencimiento. La investigación concluyó que ese documento fue confeccionado para dar apariencia de legalidad a la operación.