Sueños Compartidos: llega el turno del alegato de Julio De Vido y el veredicto podría conocerse en septiembre

Los abogados del exministro Julio De Vido presentarán este miércoles su alegato en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga el presunto fraude al Estado a través de la construcción de viviendas en sectores vulnerables mediante la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Previamente, el Tribunal Oral Federal 5 terminará de escuchar la exposición de la defensa del exsecretario de Obras Públicas José López, del exadministrador de la Fundación Pablo Schoklender y del exfuncionario de la cartera de Planificación Carlos Castellano. El doctor Germán Carlevaro no pudo completar su petitorio, después de más de siete horas dedicadas a desarrollar sus argumentos.

De Vido, López y Schoklender están acusados de ser autores del delito de administración fraudulenta por el supuesto desvío de más de 200 millones de pesos. Para ellos, el Ministerio Público Fiscal pidió una pena de seis años de prisión. En tanto, sobre Castellano pesa un pedido de cuatro años de prisión, al ser considerado partícipe secundario.

Con el ritmo actual de las audiencias, es posible que el veredicto se conozca antes de mediados de septiembre. En particular, las defensas discuten el 15 de septiembre como fecha límite para considerar la extinción de la acción penal que, según su criterio, obligaría a dictar la absolución de todos los procesados.

La primera parte del alegato de la defensa oficial En su alegato, el defensor oficial Carlevaro destacó que no se pagaron sobreprecios. Según sus argumentos, el Estado pagó por debajo de los valores del contrato y mencionó que, en algunos barrios, la diferencia superó el 50%.

A su vez, rechazó que hubiera existido connivencia entre los procesados y los inspectores de obra y apuntó contra el peritaje de la Corte Suprema que, de acuerdo con sus dichos, confundió facturas con recibos, no advirtió que hubo certificados que se pagaron en cuotas ni que el Estado demoró los pagos.

En cuanto al exfuncionario del Ministerio de Planificación Carlos Castellano, la defensoría oficial solicitó la prescripción de la acción penal. Argumentó que Castellano fue acusado como partícipe secundario y que, por el delito y el grado de participación atribuidos, la pena máxima aplicable es de cuatro años.