¿Cheque en blanco para Trump?: Senado de EE. UU. aprueba presupuesto de la ofensiva antinmigración

Sin enmiendas, sin restricciones, sin detalles, incluso sin objeciones al fondo de compensación para los tomistas del Capitolio el 6 de enero de 2021. El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que financiará las operaciones migratorias de la Administración Trump.

Es un triunfo para el magnate conservador, que ahora debe pasar por la consideración de la Cámara de Representantes, también controlada por los republicanos. Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.

“Un cajero automático para ICE”, así han definido los grupos de defensa de los inmigrantes el proyecto de ley de 70.000 millones de dólares que en la madrugada de este 5 de junio recibió el visto bueno del Senado estadounidense, y que permitirá el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De esta agencia depende precisamente el brazo antinmigración de la Administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, y el llamado zar de la frontera, Tom Homan, celebró la decisión con un mensaje claro. "Vamos a seguir arrestando gente, vamos a seguir deteniendo gente y vamos a seguir deportando personas", prometió en entrevista con ‘CBS News’.

Con el disenso de un solo senador republicano, la Cámara Alta aprobó por 52-47 un escueto proyecto de una docena de páginas, que se saltó la configuración reglamentaria, que debería incluir detalles e instrucciones específicas, gracias a que la mayoría conservadora activó el proceso de resolución presupuestaria.

Las reservas de los demócratas al paquete, luego de las violentas redadas migratorias que dejaron dos ciudadanos estadounidenses muertos en Minnesota, causaron un cierre parcial del Gobierno federal, por la negativa a financiar el DHS.

Luego de meses de caos en los aeropuertos y de demoras en operaciones de otras agencias como la Guardia Costera o la Administración Federal de Emergencias (FEMA), el Congreso accedió a poner fin al cierre, dejando el financiamiento de la operación migratoria para una votación separada.