Una negativa que esconde temor y odios

Condenado como partícipe en crímenes de lesa humanidad, lleva detenido más de 23 años y ha solicitado al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata su traslado del penal de Campo de Mayo, donde está alojado, a la Cárcel de Devoto para poder estar junto al resto de los allí detenidos durante la visita que el Papa León XIV efectuará hoy a ese establecimiento carcelario.

Su pedido fue cruel e ilegalmente denegado.

Los fundamentos de la arbitraria decisión del tribunal presentan una vez más la vergonzosa asimetría con que la Justicia Federal juzga a los imputados de esos delitos en comparación con el resto de los ciudadanos, exhibiendo una inequidad aún mayor cuando se comparan sus decisiones y las de la política con el tratamiento dado a los exmiembros de las bandas guerrilleras -que incluyeron sacerdotes que han sido amnistiados e indultados-, incluso luego de haber participado activamente de actos de violencia terrorista, tanto en períodos de gobiernos de facto como democráticos.

Su decisión ignora los derechos y garantías que el Estado argentino se ha comprometido a respetar para con los adultos mayores, a través de una convención internacional de la cual nuestro país ha sido impulsor y que cuenta con jerarquía constitucional.

Von Wernich hace años que debió haber accedido a los beneficios que ese tratado y los que la ley de ejecución penal y los códigos Penal y Procesal Penal de la Nación le otorgan a todos los penados ancianos: detención domiciliaria, salidas transitorias y libertad condicional.

Esos beneficios han sido concedidos a expolíticos condenados por corrupción y, más recientemente, a Walter Bento, exjuez federal de Mendoza, condenado a 18 años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa millonaria por liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, quien obtuvo una autorización judicial extraordinaria para salir de la cárcel para pasar los fines de semana en su domicilio.

Los “derechos y la memoria” de las víctimas, invocados por la decisión judicial, en modo alguno pueden verse afectados por el traslado de un hombre anciano y enfermo de una cárcel a otra con la intención de ver por única y seguramente última vez al heredero del trono de Pedro, la Iglesia a la cual le consagró su vida.