Estado de excepción focalizado: así funcionaría la nueva propuesta de Seguridad para zonas con mayor violencia en Honduras

El Gobierno de Nasry Asfura en Honduras analiza recuperar una herramienta que marcó la política de seguridad hondureña durante más de tres años: el estado de excepción. Esta vez, sin embargo, la Secretaría de Seguridad plantea que la medida no se aplique de manera generalizada, sino únicamente en zonas donde las estructuras criminales mantienen mayor presencia.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que la propuesta busca intervenir incluso microterritorios dentro de determinados municipios, concentrando policías, militares y capacidades de investigación en puntos con altos niveles de violencia, extorsión y actividad de pandillas. La institución ha identificado alrededor de 30 municipios prioritarios, aunque eso no significa que todos quedarían automáticamente sometidos al régimen excepcional. ¿Qué cambiaría bajo un estado de excepción?

La principal diferencia con una operación policial ordinaria está en las garantías constitucionales que pueden restringirse temporalmente. Seguridad ha planteado que, en determinadas circunstancias, las autoridades puedan realizar capturas sin una orden judicial previa y allanamientos sin autorización judicial previa, con controles y validaciones posteriores. Esas facultades formarían parte del paquete que deberá ser analizado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Velásquez sostiene que la focalización permitiría utilizar mejor los recursos disponibles, especialmente porque ha reconocido que la Policía tiene limitaciones de personal y logística para mantener presencia permanente en todo el territorio nacional. El antecedente que genera dudas Honduras ya vivió una experiencia prolongada de estado de excepción.

El régimen comenzó el 6 de diciembre de 2022 mediante el PCM-29-2022 y originalmente se aplicó en 162 barrios y colonias del Distrito Central y el Valle de Sula. Suspendió garantías relacionadas con libertad personal, asociación, circulación e inviolabilidad del domicilio, entre otras. Después fue prorrogado sucesivamente hasta acumular 25 extensiones, incluida una que estuvo vigente hasta el 26 de enero de 2026.

Con el tiempo, la cobertura territorial también se amplió considerablemente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que aquella medida permitió a la Policía y a la Policía Militar realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial, mientras organismos de derechos humanos advirtieron reiteradamente sobre los riesgos de convertir una medida extraordinaria en una política permanente.

La experiencia previa es uno de los principales puntos de discusión. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos documentó denuncias por presuntas violaciones de derechos fundamentales durante su aplicación. Solo entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 recibió 110 quejas relacionadas con posibles violaciones contra mujeres y detectó al menos 38 casos en los que se denunciaron allanamientos sin orden judicial.