Leandro Santoro propone regular las agencias de cobranza: registro obligatorio, abogados responsables y multas por abusos

La discusión sobre el endeudamiento tiene una segunda escena que suele quedar fuera de las estadísticas: el momento en que una persona deja de pagar y comienza a recibir llamadas, mensajes y reclamos para cancelar la deuda.

En la Legislatura porteña, ese circuito quedó bajo la lupa después de que un grupo de deudores relatara situaciones de hostigamiento y cuestionara las condiciones en las que algunas empresas intentan recuperar el dinero. A partir de esos testimonios, Leandro Santoro presentó una iniciativa para regular la cobranza extrajudicial y establecer responsabilidades concretas para quienes participan de ella.

El legislador porteño, que preside la Comisión de Defensa del Consumidor, explicó en Infobae al Regreso que el objetivo es crear un registro para las firmas dedicadas a esa actividad y fijar reglas que permitan identificar quién está realizando un reclamo, en representación de quién y bajo qué condiciones.

Según detalló, existen 275 sociedades inscriptas ante ARCA cuyo objeto principal es la cobranza extrajudicial, aunque el universo incluye también estudios jurídicos y áreas de cobranzas de bancos, comercios de electrodomésticos y billeteras virtuales. El proyecto, que tiene más de 50 artículos, propone que esas estructuras queden alcanzadas por un régimen específico de inscripción y control.

Uno de los puntos centrales establece que cada área de cobranzas deberá contar con un abogado matriculado como responsable, tanto dentro de una empresa como en las agencias que actúan en nombre de terceros. “Mercado Pago, el Banco Galicia, el Banco Ciudad, tiene que tener un responsable en el área de cobro que ponga su matrícula”, sostuvo Santoro.

La iniciativa también apunta a modificar el esquema de sanciones. El legislador cuestionó que determinadas conductas estén prohibidas, pero que las herramientas disponibles para castigarlas resulten insuficientes, y mencionó entre ellas el contacto con familiares del deudor, los llamados en horarios indebidos, la simulación de notificaciones judiciales y el envío de cartas documento falsas.

Su propuesta contempla multas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas cuando se comprueben incumplimientos. “Primero, que hay que penalizar. Lo primero que hay que hacer”, afirmó. El problema que busca abordar la iniciativa aparece con particular claridad cuando las deudas cambian de manos.