Bolivia llegó al día 50 de protestas con un acuerdo que no garantiza el fin de la batalla

El presidente Rodrigo Paz y el máximo líder de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, sellaron este viernes 19 de junio un pacto que empezó a levantar las medidas de presión a nivel nacional. Los sindicatos campesinos y los sectores cercanos al exmandatario Evo Morales, en cambio, mantienen los cortes de ruta y siguen exigiendo la renuncia del jefe de Estado.

Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio. Luego de siete semanas de conflicto, el Gobierno de Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este viernes 19 de junio un acuerdo para pacificar el país.

El pacto se selló en la casa de Gobierno, en La Paz, con la rúbrica del propio presidente y la del máximo dirigente de la central, el minero Mario Argollo, y empezó a destrabar un conflicto que mantuvo cercada la sede del Ejecutivo.

"A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional", anunció Argollo ante los medios tras la firma, y aseguró que el Gobierno se comprometió a cumplir de inmediato lo suscrito. "Con estos 50 días ya no hay más Occidente y Oriente, somos una sola Patria”, expresó Paz, en su discurso en la Casa Grande del Pueblo.

El acuerdo llegó después de una reunión a puertas cerradas entre una delegación sindical y cinco ministros, tras una semana de tira y afloje en la que la cuestión de los detenidos durante las protestas se había vuelto el principal obstáculo. Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.

La COB reclamaba la libertad de los manifestantes como condición para avanzar, mientras el Ejecutivo se resistía a conceder una amnistía general. La salida quedó escrita en el acuerdo: una comisión legal integrada por el Gobierno, la COB y el Ministerio Público se encargará de gestionar la liberación de los detenidos y de revisar uno por uno los procesos abiertos.

El pacto, que el Gobierno se comprometió a cumplir en un plazo máximo de 90 días, está compuesto por una larga lista de compromisos. El Ejecutivo se obligó a no impulsar normas que criminalicen la protesta, a respetar el fuero sindical y a no perseguir en lo judicial ni en lo político a los dirigentes movilizados.