Diputados guatemaltecos proponen sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace 65 años y sostienen que nuevas reglas impulsarán la oferta
Diputados independientes del bloque Raíces presentaron ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República de Guatemala la iniciativa 6865, un proyecto de 79 artículos para sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace…
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Resumen
- El proyecto plantea que las personas con mensualidades pendientes dispongan de un plazo de dos meses para cancelar las cuotas antes de que el propietario pueda…
- La restitución del inmueble deberá tramitarse mediante los procedimientos legales correspondientes, con respeto al debido proceso y al derecho de defensa.
- Elena Mota presentó la iniciativa durante una conferencia de prensa junto con las diputadas Mercedes Monzón y Patricia Orantes, y los parlamentarios Samuel Pérez, Román Castellanos,…
- “Tener una vivienda digna no debería significar vivir con miedo a perderla de un día a otro”, afirmó.
La propuesta, denominada Ley de Protección al Derecho a la Vivienda en Alquiler, busca establecer obligaciones para propietarios e inquilinos, prohibir desalojos realizados por la fuerza o mediante intimidación y fijar procedimientos para resolver conflictos derivados de los arrendamientos.
La legisladora sostuvo que el alquiler constituye para miles de familias, jóvenes, trabajadores y personas adultas mayores la única alternativa para acceder a una vivienda, ante un mercado en el que comprar una casa resulta cada vez más inaccesible.
Depósitos, rentas y reparaciones bajo condiciones definidas La iniciativa pretende que los contratos de arrendamiento dejen de depender de acuerdos informales o cláusulas ambiguas. El texto obliga a los propietarios a formalizar por escrito las condiciones bajo las cuales entregan un inmueble en alquiler. El contrato deberá dejar establecidas las reglas sobre la constitución, administración y devolución del depósito en garantía.
La medida apunta a reducir las controversias entre las partes por el manejo de ese dinero al inicio o al final de la relación contractual. La propuesta también define criterios de razonabilidad y previsibilidad para los ajustes de la renta. Cualquier modificación del canon de arrendamiento deberá responder a parámetros conocidos de antemano, en lugar de quedar sujeta a decisiones arbitrarias.
El proyecto no contempla controles administrativos de precios ni una intervención estatal directa para fijar el valor de los alquileres. La iniciativa sostiene que la libertad contractual es necesaria para incentivar la inversión privada en el sector de vivienda. Las responsabilidades por reparaciones y mantenimiento del inmueble también quedarían incorporadas en el régimen propuesto.
La norma incluye, además, causas para la terminación del contrato y plazos de aviso previo que deberán respetar tanto arrendadores como arrendatarios. La nueva regulación reemplazaría el Decreto 1468, Ley de Inquilinato, que lleva más de 65 años en vigor. La propuesta busca actualizar el marco jurídico que rige los alquileres de inmuebles destinados a vivienda.
La prohibición de desalojos por fuerza, amenazas o cortes de servicios El proyecto prohíbe de manera expresa los desalojos de hecho, definidos como actos unilaterales destinados a privar a una persona del uso del inmueble sin intervención de la autoridad competente. La prohibición alcanza a acciones realizadas por fuerza, intimidación, amenazas o suspensión arbitraria de servicios básicos.
Fuente original: Infobae
Resumen elaborado por iNFOLINK News a partir de información publicada originalmente por www.infobae.com.